La reelección presidencial ha sido un tema polémico y recurrente en la historia política de Colombia, y hoy vuelve a estar en el centro del debate público con vistas a las elecciones de 2026. Aunque actualmente la Constitución la prohíbe, la posibilidad de reinstaurarla siempre suscita discusiones sobre sus implicaciones para la democracia. La única manera de reintroducirla sería a través de una reforma constitucional, un proceso que requiere un consenso amplio en el Congreso.
A pesar de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó no tener intenciones de buscar la reelección, el tema sigue siendo relevante. Como MAGISTER en Derecho Constitucional, creo que el camino es un más un desgaste mediático y les digo por qué. Para que la reelección sea posible, primero se debe presentar un proyecto de acto legislativo en el Congreso, que debe ser aprobado en dos vueltas de votación en ambas cámaras. Este es un reto significativo, ya que requiere no solo el apoyo del gobierno, sino también de sectores de la oposición.
La segunda vuelta de votación es más exigente, pues el proyecto debe mantener su impulso político durante un segundo período legislativo. Esto significa que debe superar posibles cambios en la composición del Congreso y en la opinión pública, lo que convierte esta etapa en una verdadera prueba para la viabilidad de la propuesta.
Además de las votaciones, es crucial que exista un quórum decisorio en ambas cámaras para deliberar y votar sobre el proyecto. Sin este quórum, cualquier decisión sería inválida, lo que subraya la necesidad de un apoyo significativo para que la reforma avance.
El debate sobre la reelección está marcado por una fuerte polarización. Los defensores argumentan que permitiría la continuidad de políticas exitosas, mientras que los detractores advierten sobre los riesgos de concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
En conclusión, aunque el camino hacia la reelección presidencial en Colombia es técnicamente posible, está lleno de obstáculos que requieren un consenso amplio y un debate público robusto, el cual el actual gobierno no tiene la favorabilidad política, ni las mayorías en el Congreso, lo que sería otro fracaso legislativo. Cualquier reforma en esta dirección debe analizarse con cuidado, considerando su impacto en la democracia y en la estabilidad política del país.